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EL TRASFONDO DE LA FUSIÓN SENAGUA-MAE

Todos los principios y políticas públicas establecidas en la Constitución, el actual Gobierno los vulnera permanentemente y sistemáticamente, sólo por el trasfondo ideológico-político y para satisfacer las exigencias y demandas de las grandes corporaciones transnacionales imperialistas del mundo

La decisión del Gobierno Nacional del Ecuador, encabezado por el Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, de emitir dos Decretos Ejecutivos: Nro. 1007 del 4 de marzo del 2020 y Nro. 1028 del 1 de mayo del mismo año, respectivamente, para que se concrete la fusión del Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua, violando el preceptos de la Constitución vigente, que en su artículo 412, dice: “La Autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico”, tiene un trasfondo ideológico-político. Cabe destacar, que este el segundo intento.

Por tal razón, esta decisión gubernamental es ilegal, inconveniente, inviable, atentatorio y sobre todo por el desconocimiento y vulneración de los derechos que corresponde a la Gestión Comunitaria del Agua. En el Art. 318 de la Constitución, en la parte pertinente manda lo siguiente: “…La gestión del agua será pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios”, y con esta fusión todo el avance logrado por el pueblo se echa a perder.

Todos los principios y políticas públicas establecidas en la Constitución, el actual Gobierno los vulnera permanentemente y sistemáticamente, sólo por el trasfondo ideológico-político y para satisfacer las exigencias y demandas de las grandes corporaciones transnacionales imperialistas del mundo, élite que toma decisiones geopolíticas para su beneficio y genera, a la mayoría de la población en el mundo, una problemática multifacética, creando una crisis en el orden ético, moral, educativa, económico, social, ideológico-político, sanitaria, ambiental, violando la soberanía nacional de muchas naciones en el planeta; y, así la diferencia y brecha entre las clases sociales: ricos y pobres, es abismal.

Los hechos lo demuestran. Una de las estrategias de los Gobiernos de turno del Ecuador, en la historia, ha sido el debilitar siempre la institucionalidad alrededor del Agua y en otros sectores. Esto no es sólo de ahora, sino desde hace muchos años. Nunca se ha tenido una institucionalidad del agua sostenible y fortalecida; puesto que en 1944 se creó la Caja Nacional de Riego; en 1965 se creó el IEOS-Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias y en 1994 dejó de existir; en 1966 el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos-INEHRI; desde 1958 hasta 1975 se crearon cuatro Organismos de Desarrollo Regional, como: CREA, CRM, CEDEGE, PREDESUR; en 1994 se creó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos; en 1995 se crearon CORSICEN, CORSINOR, CODELOROCORERECH Y CODERECO; en 2007 el INAR; en 2010, el MAGAP, crea la Subsecretaria de Riego y Drenaje; y, en 2013 se crea la Secretaria del Agua, que actualmente dejó de tener vigencia por los Decretos Ejecutivos antes citados.  En estas instituciones nunca primó en implementar políticas públicas serias y responsables para dar respuesta de manera integral a los problemas del agua de consumo humano, saneamiento integral y riego; sino de manera permanente, sistemática se favoreció y favorece a los terratenientes, a las empresas de agroexportadoras y al extractivismo.

Así mismo, la fusión se da para no dar paso a la elección del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que debió constituirse una vez que se aprobó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, el 31 de julio 2014; y, eliminar varias Demarcaciones Hidrográficas, como el caso de la Puyando-Catamayo y Santiago en el Sur del país.

Productos de la lucha, organización y movilización social, por muchos años, se logró en el año 2008, que, en la actual Constitución de la República del Ecuador, conste como “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciables. El Agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida (Art.129)”; en el Régimen de Desarrollo, prevé en el Art. 276, numeral 4: “Recuperar y conservar la Naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”; en el Art. 282: “se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes”; y, en el Art. 411 establece que: “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua”.   

No obstante, todos los preceptos constitucionales quedan en letra muerta y son violados permanentemente por el Gobierno Nacional, en los diferentes niveles, con mucho énfasis en los actuales momentos. Por ejemplo, el 12 de mayo el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, en una entrevista anunció que están por emitir el Decreto ejecutivo para implementar un Reglamento para regular la Consulta Previa; es decir, limitar el derecho fundamental al consentimiento previo de las comunidades y pueblos ancestrales. Esto va en contra de los derechos que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades, mismos que están contemplados en el Art. 57, numeral 17: “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”.

Al debilitar la institucionalidad, en el Estado ecuatoriano, se facilite el proceso de privatización, extractivismo y el de afianzar el modelo capitalista, neoliberal, excluyente, inhumano, terrorífico y genocida.

La pregunta del millón, es ¿por qué el Gobierno Nacional está empeñado es violar y vulnerar derechos previstos en la Constitución? La respuesta es muy sencilla y fácil de comprender. Esto ocurre porque el Gobierno Nacional ha asumido el compromiso irrestricto con las Corporaciones Transnacionales Imperialistas y los grupos de poder nacional, para concesionar buena parte del territorio nacional para la Minería Metálica a Gran Escala (Cielo abierto y Subterráneo), sin importar la consecuencias nefastas y de contaminación del agua-suelo y el ambiente a perpetuidad, aniquilando así progresivamente la calidad y cantidad de agua para consumo humano y riego, en la agricultura familiar campesina, que asegura la soberanía alimentaria vida de la población y de los propios ecosistemas naturales. Esta el Gobierno empeñado de nuevamente abrir el Catastro minero para seguir concesionando territorios, en áreas de recarga hídrica y alta biodiversidad.

En otras, palabras frente a la resistencia y movilización del pueblo ecuatoriano para defender la tierra, el agua y la vida; y, el de exigir el Gobierno Nacional reviertan las concesiones, suspendan los proyectos y nuliten las licencias que no cuenten con el consentimiento previo, está adoptando como mecanismos criminalizar y judicializar la lucha social; y, conjuntamente con las Empresas mineras y en complicidad de muchas autoridades de los GADS Provincial, Cantonales y parroquiales, están dando dádivas en la comunidades a fin de confundir y dividir al tejido social de las diferentes comunidades; como el emitir Reglamentos inconsultos, ilegales e inconstitucionales.

Esta situación que ocurre en el Ecuador está regido por un sistema capitalista-neoliberal, impulsado e impuesto por las grandes Corporaciones Transnacionales imperialistas del mundo, élite que toma decisiones geopolíticas para su beneficio y genera, a la mayoría de la población en el mundo, una problemática multifacética, creando una crisis en el orden ético, moral, educativa, económico, social, ideológico-político, sanitaria, ambiental, violando la soberanía nacional de muchas naciones en el planeta. Son quienes despojan y desalojan de la tierra y el agua en las comunidades, en los sectores rurales, para forzar a que la gente migre a las grandes ciudades del país y al exterior, y ahí vivan en condiciones deplorables, indignas y de miseria; además, este grupo de poder económico explota, alienan la cultura de las comunidades y lo transforman en consumidores de los diferentes productos que produce las empresas  agroexportadoras y de alimentos, y no permitir que la población tenga la libertad y soberanía para potenciar su cultura y en decidir que alimentos producir y qué comer, por citar un ejemplo.

Esta realidad que vive el pueblo ecuatoriano, en las últimas décadas, es producto de la práctica demagógica, populista y antipueblo de los partidos políticos tradicionales de derecha, centro e izquierda, que sólo responden a los intereses de la burguesía y oligarcas de país (banqueros, empresarios, terratenientes) y son títeres de las Corporaciones Transnacionales; que, además, con la complicidad de determinados medios de comunicación que hacen el juego y defienden los intereses de los grupos de poder y se callan, minimizan y denigran a la lucha popular.

Esta clase politiquera incrustada en los poderes del Estado ha gobernado, legislado, juzgado y nombrado a funcionarios de primer nivel de acuerdo a sus intereses y de los grupos de poder económico, con el elevado grado de corrupción. Los hechos lo demuestran. La Asamblea Nacional no legisla ni fiscaliza con solvencia, celeridad y ética; si aprueban leyes éstas son demasiadas entramadas y que vulneran los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano, para favorecer a los ricos, la clase dominante.  La justicia no actúa como corresponde, demostrando ética, moral y objetividad en los hechos de corrupción presentes en todos los niveles gubernamentales y en la sociedad en general. El poder ejecutivo, el más ineficiente e inepto, que sólo gobierna para los ricos y establece estrategias para aniquilar al pueblo. Los hechos lo demuestran, como el de concesionar territorios para el extractivismo, en extensas zonas de Reservas Ecológicas y de Parques Nacionales, que son generadoras de agua como: Intag, en Imbabura y Esmeraldas; Quinsacocha-Azuay; Cordillera del Condor y el Pangui-Zamora Chinchipe; Celica-Sozoranga-Calvas-Fierro Urco en Loja, en cuyos territorios, aguas abajo, se desarrolla la agricultura familiar campesina, que da seguridad alimentaria, ahora demostrada en esta crisis sanitaria mundial. En definitiva, los poderes del Estado no dan absoluta confianza; y, ahora, desde las bases, se debe construir con urgencia un nuevo proyecto político y modelo de desarrollo.

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